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Los COP suponen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente a escala global. La Comunidad Internacional y más concretamente Naciones Unidas, ha dado pasos importantes, estableciendo marcos legislativos para la regulación y control de los COP.

El primer instrumento jurídico internacional vinculante sobre COP fue el Protocolo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, del Convenio de Ginebra de 1979, adoptado en Aarhus (Dinamarca), en 1998. Basado en este Protocolo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), inició la negociación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que se firmó en mayo de 2001 y entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Tras presentar la ratificación el 28 de mayo de 2004, el Convenio entró en vigor en España el 26 de agosto de 2004.

El Convenio establece la prohibición del uso intencional de los COP que se mencionan en el anexo A, las restricciones al uso de algunos COP para los que puede haber exenciones, identificados en el anexo B y las medidas a tomar para minimizar las emisiones no intencionales de las sustancias identificadas en el anexo C.

La Unión Europea (UE), de la que España forma parte desde el 12 de junio de 1985, ha ratificado también el Convenio y ha adoptado el Reglamento (CE) nº 850/2004 sobre COP, que tiene por objeto establecer un marco jurídico común para llevar a efecto las disposiciones del Convenio de Estocolmo y del Protocolo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, del Convenio de Ginebra de 1979. Este Reglamento entró en vigor para todos los países de la UE el 20 de mayo de 2004.

La aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE) nº 850/2004 ha representado en España una oportunidad para la creación de un sistema transparente, incluyente y participativo en la eliminación de los COP. Ambos, Convenio de Estocolmo y Reglamento (CE) nº 850/2004, aseguran la coordinación y la coherencia con otros tratados anteriores.